http://tiempo.infonews.com/nota/201098/denuncian-a-macri-pena-y-aguad-por-el-dnu-contra-la-ley-de-medios
Delegados de la ex AFSCA hicieron una presentación contra los tres funcionarios por desobediencia a una orden judicial y supuesta falsedad ideológica de documento público. Universidades y empresas cooperativas también preparan sus amparos. Las insólitas irregularidades legales.
El juzgado Federal N° 3 de La Plata recibió ayer una denuncia por desobediencia a una orden judicial y presunta falsedad ideológica de documento público contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri; su jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. Como anticipó Tiempo, la presentación fue radicada tras la decisión del gobierno de desestimar la medida precautelar dictada por el juez platense Luis Arias que impedía adoptar medidas que modificasen las facultades y atribuciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en el marco de la Ley de Medios, algo que fue ignorado con la publicación del decreto de necesidad y urgencia que modificó aspectos sustanciales de esa norma. En paralelo, en el mismo Juzgado fue presentada una denuncia penal por los mismos cargos contra la plana mayor del Poder Ejecutivo. Universidades con participación en la autoridad de aplicación y empresas cooperativas perjudicadas con los alcances del DNU preparan sus amparos, algunos de los cuales fueron interpuestos ante la Justicia de San Martín. Además, se pidió que se habilite la feria judicial para bloquear la polémica decisión gubernamental.
Ante el juzgado platense que está de turno durante la feria judicial de enero, a cargo de Ernesto Kreplak, el delegado regional de la ex AFSCA, Luis Guerín, amplió la denuncia que tuvo como antecedente la decisión de no acatar el fallo de Arias por parte del comisario encargado del operativo policial y del entonces interventor del órgano designado por el Ejecutivo, Agustín Garzón. Esa denuncia se había radicado el último día del año, luego de que no se le permitiera el ingreso a las instalaciones de unos 15 directores a los que el fallo judicial habilitaba a regresar a sus funciones. Apenas Arias dictó la precautelar, giró las actuaciones para que intervenga la justicia federal de La Plata, que tiene la competencia para atender el reclamo.
Ahora, ese mismo juzgado deberá analizar si Macri, Peña y Aguad son responsables de haber infringido el artículo 239 del Código Penal que establece que quien desobedeciere una orden de una autoridad competente (en este caso el fallo de un juez), recibirá penas de 15 días a un año de prisión. Pero los denunciantes agregaron que también se cometió el delito de falsedad ideológica de documento público, por haber publicado en el Boletín Oficial del 4 de enero el DNU fechado el 29 de diciembre de 2015, teóricamente 24 horas antes de que Arias ordenara al Ejecutivo que "se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos u otorgar nuevos derechos a la AFSCA" y declaró nulo el anuncio de la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom).
En la denuncia se recordó que el día 30 de diciembre, durante el anuncio en Casa Rosada, Peña precisó: “Hoy estamos firmando un decreto de necesidad y urgencia que tiene tres líneas principales”. En ese razonamiento, indican, el DNU no estaba firmado al momento de comunicar la decisión del Ejecutivo y esa misma jornada, a las 16, ya fue notificado del fallo de Arias que resolvió "la prohibición de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de AFSCA". Por esto es que se postuló que el DNU fue “antedatado”, con el fin de eludir la medida judicial, a lo que además se le sumaría que la fecha de firma coincide con el período en el que el Presidente se encontraba de vacaciones en el sur del país, y no en Buenos Aires, como figura en el escrito. Ante la inminencia de la aplicación de la nueva disposición, se pidió que se habilite fecha y hora de la feria para avanzar en el expediente durante el receso de enero, algo que la justicia tendrá que definir si pondera como urgente.
Mientras tanto, el diputado provincial del Frente para la Victoria Adrián Grana presentó ante ese Tribunal de La Plata una denuncia penal contra los mismos funcionarios por desobediencia y falsedad ideológica. Los Tribunales federales de San Martín también fueron escenario de amparos solicitados por empresas cooperativas prestatarias de servicios de comunicación, afectadas en su operatoria con los alcances del DNU. Universidades nacionales con injerencia, según la ley en la autoridad de aplicación y asociaciones de defensa del consumidor están redactando sus propios reclamos a los que se podrían sumar los integrantes de la Coalición para una Comunicación Democrática, organización impulsora del andamiaje de la Ley de Medios.
A su vez, se evalúan medidas por violación de la Ley Antidiscriminación por parte de las nuevas autoridades que decidieron ayer el cese inmediato de contratos de empleados de distintas jurisdicciones de AFSCA en base a su presunta identificación con el partido político que conduce el desplazado presidente del ente, Martín Sabbatella. «
Despidos bajo control policial
La intervención policial de los organismos públicos parece ser parte del estilo de gobierno del presidente Mauricio Macri. El foco de este despliegue volvió a ser la AFSCA, intervenida por Ejecutivo desde antes de la navidad. Ayer, los trabajadores del organismo se presentaron en la puerta del edificio de la calle Suipacha y se encontraron con el lugar vallado y rodeado por personal de la Policía Federal y la Gendarmería. A los empleados se les pidió que se pusieran en fila y se los obligó a pasar por el control con el documento en la mano. Antes de ingresar, una persona revisaba una lista en la que tenía anotados los nombres de las personas que habían sido despedidas. Alrededor de 40 personas fueron dejadas sin trabajo. La mayoría habían sido señaladas como simpatizantes de Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabbatella.
El juzgado Federal N° 3 de La Plata recibió ayer una denuncia por desobediencia a una orden judicial y presunta falsedad ideológica de documento público contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri; su jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. Como anticipó Tiempo, la presentación fue radicada tras la decisión del gobierno de desestimar la medida precautelar dictada por el juez platense Luis Arias que impedía adoptar medidas que modificasen las facultades y atribuciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en el marco de la Ley de Medios, algo que fue ignorado con la publicación del decreto de necesidad y urgencia que modificó aspectos sustanciales de esa norma. En paralelo, en el mismo Juzgado fue presentada una denuncia penal por los mismos cargos contra la plana mayor del Poder Ejecutivo. Universidades con participación en la autoridad de aplicación y empresas cooperativas perjudicadas con los alcances del DNU preparan sus amparos, algunos de los cuales fueron interpuestos ante la Justicia de San Martín. Además, se pidió que se habilite la feria judicial para bloquear la polémica decisión gubernamental.
Ante el juzgado platense que está de turno durante la feria judicial de enero, a cargo de Ernesto Kreplak, el delegado regional de la ex AFSCA, Luis Guerín, amplió la denuncia que tuvo como antecedente la decisión de no acatar el fallo de Arias por parte del comisario encargado del operativo policial y del entonces interventor del órgano designado por el Ejecutivo, Agustín Garzón. Esa denuncia se había radicado el último día del año, luego de que no se le permitiera el ingreso a las instalaciones de unos 15 directores a los que el fallo judicial habilitaba a regresar a sus funciones. Apenas Arias dictó la precautelar, giró las actuaciones para que intervenga la justicia federal de La Plata, que tiene la competencia para atender el reclamo.
Ahora, ese mismo juzgado deberá analizar si Macri, Peña y Aguad son responsables de haber infringido el artículo 239 del Código Penal que establece que quien desobedeciere una orden de una autoridad competente (en este caso el fallo de un juez), recibirá penas de 15 días a un año de prisión. Pero los denunciantes agregaron que también se cometió el delito de falsedad ideológica de documento público, por haber publicado en el Boletín Oficial del 4 de enero el DNU fechado el 29 de diciembre de 2015, teóricamente 24 horas antes de que Arias ordenara al Ejecutivo que "se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos u otorgar nuevos derechos a la AFSCA" y declaró nulo el anuncio de la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom).
En la denuncia se recordó que el día 30 de diciembre, durante el anuncio en Casa Rosada, Peña precisó: “Hoy estamos firmando un decreto de necesidad y urgencia que tiene tres líneas principales”. En ese razonamiento, indican, el DNU no estaba firmado al momento de comunicar la decisión del Ejecutivo y esa misma jornada, a las 16, ya fue notificado del fallo de Arias que resolvió "la prohibición de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de AFSCA". Por esto es que se postuló que el DNU fue “antedatado”, con el fin de eludir la medida judicial, a lo que además se le sumaría que la fecha de firma coincide con el período en el que el Presidente se encontraba de vacaciones en el sur del país, y no en Buenos Aires, como figura en el escrito. Ante la inminencia de la aplicación de la nueva disposición, se pidió que se habilite fecha y hora de la feria para avanzar en el expediente durante el receso de enero, algo que la justicia tendrá que definir si pondera como urgente.
Mientras tanto, el diputado provincial del Frente para la Victoria Adrián Grana presentó ante ese Tribunal de La Plata una denuncia penal contra los mismos funcionarios por desobediencia y falsedad ideológica. Los Tribunales federales de San Martín también fueron escenario de amparos solicitados por empresas cooperativas prestatarias de servicios de comunicación, afectadas en su operatoria con los alcances del DNU. Universidades nacionales con injerencia, según la ley en la autoridad de aplicación y asociaciones de defensa del consumidor están redactando sus propios reclamos a los que se podrían sumar los integrantes de la Coalición para una Comunicación Democrática, organización impulsora del andamiaje de la Ley de Medios.
A su vez, se evalúan medidas por violación de la Ley Antidiscriminación por parte de las nuevas autoridades que decidieron ayer el cese inmediato de contratos de empleados de distintas jurisdicciones de AFSCA en base a su presunta identificación con el partido político que conduce el desplazado presidente del ente, Martín Sabbatella. «
Despidos bajo control policial
La intervención policial de los organismos públicos parece ser parte del estilo de gobierno del presidente Mauricio Macri. El foco de este despliegue volvió a ser la AFSCA, intervenida por Ejecutivo desde antes de la navidad. Ayer, los trabajadores del organismo se presentaron en la puerta del edificio de la calle Suipacha y se encontraron con el lugar vallado y rodeado por personal de la Policía Federal y la Gendarmería. A los empleados se les pidió que se pusieran en fila y se los obligó a pasar por el control con el documento en la mano. Antes de ingresar, una persona revisaba una lista en la que tenía anotados los nombres de las personas que habían sido despedidas. Alrededor de 40 personas fueron dejadas sin trabajo. La mayoría habían sido señaladas como simpatizantes de Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabbatella.
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